La Comunidad de Madrid no garantiza el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes madrileños en situación vulnerable.

viernes, 9 de junio de 2023

Durante estos días han ido publicándose noticias con un contenido bastante preocupante relacionadas con la desprotección a la que se va a someter, por parte de la Comunidad de Madrid, a los menores más vulnerables de nuestra Comunidad.    

La Federación siempre ha defendido un modelo de comedor escolar gratuito, universal, que forme parte del horario lectivo, de gestión pública y con cocina in situ. Partiendo de este principio, analizaremos la situación actual del mismo.

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la subida de precio del menú escolar, de 4,88€ pasamos a 5,50€, una subida que era muy probable que se produjese, teniendo en cuenta que desde hace varios años no se ha incrementado el precio, y más después de la inflación y el encarecimiento de los alimentos y servicios producidos en el último año, pero la subida ha sido más alta de lo esperado y no ha ido acompañada de otros mecanismos de protección para las familias en situación vulnerable.

La Comunidad de Madrid, dentro de sus competencias, desarrolla la legislación respecto a las becas de comedor. A lo largo del territorio español nos encontramos con diferentes desarrollos: becas totales y becas parciales, Madrid ofrece precios reducidos. Los beneficiaros engloban a diferentes supuestos entre los que nos encontramos a familias perceptoras el IMV (Ingreso Mínimo Vital), RMI (Renta Mínimo Inserción) y otros supuestos como víctima violencia de género, terrorismo…en un mínimo porcentaje nos encontramos algunos supuestos excepcionales con una cobertura total. El gran problema, entre otros, radica en que estos precios reducidos están fijados por debajo del umbral de la pobreza y no se ha modificado, por lo que miles de alumnos y alumnas, cuya situación es vulnerable, no existen a ojos de la Administración, quedando al descubierto y, además, teniendo que pagar más por el aumento de precio.

Cabe destacar que las familias beneficiarias del precio reducido tienen que seguir pagando una cuota que, para muchos de ellos, supone una gran dificultad y no pueden afrontarlo con sus propios recursos. No se ha eliminado esa tasa a pesar de haberse solicitado en reiteradas ocasiones la necesidad de eliminarla. Una de las últimas ocasiones fue en el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid donde fue aprobada una enmienda, entre otras, que presentó la FAPA en la que se solicitaba la eliminación de la tasa en los precios reducidos de comedor. Fue aprobada por el Pleno, máximo órgano consultivo educativo de nuestra región, pero se ha hecho caso omiso.

En cuanto a la cuantía de las ayudas se marca que podrán oscilar entre un mínimo de 400€ para todo el curso hasta una cuantía que cubra la totalidad del coste del servicio de comedor (Todo dependiendo de las características del beneficiario) pero nos encontramos con una excepción, en los centros privados concertados la cuantía máxima será la totalidad del coste del servicio de comedor que establezcan dichos centros porque claro, en los públicos el precio está muy claro: 5,50€ el precio del menú escolar y 96€ el precio por alimentación mensual o comedor escolar pero en la privada concertada nos encontramos con precios que pueden incluso duplicar el precio de la pública. Podría darse el caso de estar sufragando con dinero público comedores escolares privados que, dando el mismo servicio, costarían el doble. Una beca en la privado concertada podría dar cobertura a dos alumnos/as en la pública.

Sería necesario aclarar esta situación, ya que los menores que se encuentren en una situación vulnerable deberían estar cubiertos por la Administración, pero lo que no es lógico es que con dinero público se esté pagando más por un mismo servicio. El interés superior del menor debe estar por encima de cualquier otro tipo de intereses por lo que solicitamos que se regule esta situación de igual manera en los centros públicos y en los centros privados concertados asumiendo éstos el mismo precio marcado en la pública.

Además, resulta paradójico que las familias perceptoras del IMV y del RMI tengan que pagar una tasa en el comedor escolar, cuando esas mismas familias parece ser que han tenido una concesión directa de ayudas individualizadas de desayuno escolar (segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria). La incoherencia y el caos en la gestión de la Comunidad de Madrid llegan hasta estas rocambolescas situaciones.

El martes 10 de enero de 2023, iniciado el segundo trimestre del actual curso, se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueban las normas reguladoras para la concesión directa de estas ayudas con el objetivo de facilitar el acceso a un desayuno saludable a la población más vulnerable, debe ser que desayunando por la mañana el resto del día ya estaría cubierto.  Por supuesto el servicio se ve limitado a la existencia del servicio y aquí tenemos que decir que en ningún momento la consejería de Educación se ha puesto en contacto con la Federación para realizar ningún acuerdo o convenio de colaboración para poder hacer viable esta propuesta. La casi totalidad de los servicios de desayunos en la Comunidad de Madrid la realizan las asociaciones de madres y padres, en ningún caso ha habido ni una sola comunicación.

Debe recordarse que el servicio de desayunos conocido como “los primeros del cole” se puso en marcha por la FAPA Francisco Giner de los Ríos en el curso 1992-93, mediante la firma de un convenio, con la entonces dirección provincial del ministerio de Educación y Ciencia, para desarrollar el proyecto que presentamos entonces con ese objetivo. Pero, en el año 2008 la consejería de Educación, con Lucía Figar como titular de ésta y Esperanza Aguirre como presidenta, rompió el convenio de manera unilateral, dejando al descubierto el programa. El servicio de desayuno continuó siendo asumido por las AMPAS, aunque sin apoyo alguno de la consejería, consolidándose a lo largo de los años tal y como lo conocemos actualmente, por lo que es incomprensible que iniciativas que claramente se vinculan con la actividad de las asociaciones de madres y padres no se hayan trabajado previamente con la Federación.

Ni que decir si hablamos del alumnado de secundaria que queda directamente excluido de estas ayudas de desayuno, argumentando la falta de infraestructuras en los centros de secundaria públicos. Recordamos que en la misma situación se encuentran a la hora de la comida y, sin embargo, en ninguno de los dos casos, se ofrece una alternativa.

El 1 de junio, en el último mes de curso, se publica una orden en la que se indica que de los 10.000 posibles beneficiaros del desayuno, según declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sólo 915 son los que la van a recibir. Sólo el 9,15% de los alumnos/as cuyas familias reciben el IMV o RMI recibirán esa ayuda en un curso que ya ha finalizado, cuya comunicación por parte de los centros se realizó en el mes de febrero y cuya gestión no se ha realizado con las asociaciones de madres y padres que gestionan casi la totalidad del servicio de desayuno en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Para muchos niños, niñas y jóvenes madrileños la única comida completa que realizan al día es la del centro educativo. La calidad del servicio y garantizar el acceso a una alimentación saludable y sostenible es obligación de la Administración.

Según el Artículo 18 de la Ley de infancia de la Comunidad de Madrid: “La Comunidad de Madrid y las entidades locales pondrán en marcha programas de apoyo para que los niños de familias con un bajo nivel socioeconómico, en situación de vulnerabilidad social y pobreza, puedan acceder a una alimentación saludable, en igualdad de condiciones que el resto de los niños e independientemente de su situación administrativa”.

Según el Artículo 27, Convención de los Derechos del Niño: “Los niños tienen derecho a la alimentación, al vestido y a un lugar seguro donde vivir, para que puedan crecer del mejor modo posible. El gobierno debería ayudar a las familias y los niños que no puedan costearse estos bienes”.

Para rematar la semana nos encontramos con el anuncio de la creación de otro “cheque antiderechos” de Ayuso, el “cheque canguro” disponible para familias con ingresos superiores a 100.000€. Cada solicitante podrá beneficiarse de hasta 4.000€ para contratar personal doméstico, sin ni siquiera someterse a ningún criterio para su adjudicación sino por orden de entrada en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid.

Otra vez se desvía dinero público disfrazándolo como “ayudas” a población que no lo necesita, dejando desamparados al resto de familias y a sus hijos e hijas, quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales por la gestión de una Administración que cada día parece gobernar más para un grupo de ciudadanos muy selecto.