EL COPAGO DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN SOSTENIDA CON FONDOS PÚBLICOS, TANTO EN LA PÚBLICA COMO EN LA PRIVADA CONCERTADA CICAE (Círculo de Calidad Educativa) Asociación de colegios privados e independientes En España, la Constitución establece el derecho a una educación gratuita y obligatoria en las etapas básicas. Este mandato de gratuidad busca garantizar que la educación sea un derecho accesible para todas las familias, independientemente de su situación económica. Sin embargo, en la práctica, el sistema educativo español presenta una realidad distinta, donde las familias en la mayoría de centros concertados deben asumir copagos en forma de cuotas “voluntarias”, complementos formativos, mejoras del proyecto. todos ellos conceptos educativos de las enseñanzas obligatorias Estos pagos adicionales, aunque puedan presentarse como opcionales, han llegado a instaurarse como una "obligatoriedad encubierta", afectando a la equidad y universalidad del acceso a la educación básica. ¿Qué es el copago en la educación? En el contexto educativo, el copago hace referencia a los pagos que deben realizar las familias para acceder a ciertos servicios y actividades complementarias. En la educación pública, este fenómeno es menos pronunciado y, generalmente, se limita a materiales y actividades extracurriculares, pero en los centros concertados–que también son sostenidos con fondos públicos– el copago suele incluir cuotas que, aunque nominalmente voluntarias, a menudo se perciben como obligatorias. Las familias están cautivas en este sistema, pues en muchas ocasiones no tienen otra opción o alternativa. Se ven presionadas a asumir estas cuotas para que sus hijos puedan participar plenamente en la vida escolar, integrarse en el entorno educativo y no quedar excluidos de servicios o actividades consideradas parte de la formación curricular. En el caso de los centros concertados, los cuales reciben subvenciones del Estado, el copago se presenta con mayor frecuencia y es una fuente de desigualdad. Estos centros argumentan que el financiamiento público no es suficiente para cubrir todos los gastos de un proyecto educativo de calidad, por lo que recurren a las cuotas voluntarias para financiar actividades extracurriculares, programas de bilingüismo, tecnología educativa y otros servicios. Lo que inicialmente se planteó como un refuerzo opcional, en muchos casos, se convierte en un requisito para el acceso a determinados servicios. Para numerosas familias, este gasto es insostenible, lo que va en contra del mandato constitucional de que la educación básica debe ser gratuita. ¿Qué implicaciones tiene el copago para las familias? El copago no solo representa una carga económica adicional para las familias, sino que también establece una barrera de acceso a ciertos servicios y actividades que se perciben como parte del entorno escolar, generando una diferenciación entre aquellos alumnos que pueden permitirse el pago y aquellos que no, las cuotas producen segregación y discriminación y vulneran los derechos básicos de los niños y sus familias. Las cuotas voluntarias de algunos centros concertados pueden ascender hasta una media de 5.000€ anuales en la Comunidad de Madrid, según el IX Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados. Un gasto que muchas familias no pueden asumir. Además, la falta de regulación sobre el uso y obligatoriedad de estos pagos permite que algunos centros continúen solicitando estas cuotas sin transparencia, lo que limita la capacidad de las familias para negarse sin poner en riesgo la experiencia educativa de sus hijos. Vulneración del mandato de gratuidad Desde CICAE, consideramos que esta práctica representa una clara vulneración del mandato de gratuidad en la enseñanza básica y atenta contra los principios de equidad e igualdad de oportunidades. La educación obligatoria no debe implicar costos adicionales que limiten el acceso de ninguna familia o creen diferencias dentro de los propios centros educativos. La Ley Orgánica 8/1985, de Derechos y Libertades de los Alumnos y Participación en la Comunidad Educativa, garantiza la gratuidad en la educación básica, y ningún centro que reciba fondos públicos debería imponer cargas económicas a las familias para acceder a una educación integral y de calidad. No obstante, el aumento de estos copagos sugiere que este principio se ha convertido en una mera formalidad, lejos de la realidad diaria de muchas familias. La postura de CICAE: hacia una educación sin barreras económicas Desde nuestra organización, CICAE, exigimos mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos, defendemos un modelo educativo transparente y respetuoso con los derechos básicos de los niños y niñas y sus familias. Creemos que la financiación pública de los centros debe ser suficiente para cubrir los gastos de una educación de calidad sin que ello implique costes adicionales para las familias. Consideramos que las autoridades educativas deben asumir un papel activo en la regulación de las cuotas y copagos y reforzar los mecanismos de control para que se respeten los principios constitucionales. Abogamos por una revisión y reforma del sistema de financiación de los centros concertados y por una regulación clara y efectiva que prohíba los pagos encubiertos y garantice la gratuidad de todos los servicios y actividades que forman parte del currículo obligatorio. Así, podríamos construir un sistema educativo justo, equitativo y verdaderamente accesible para todos los niños y niñas, independientemente de sus circunstancias socioeconómicas. La situación actual de copago en la educación sostenida con fondos públicos refleja una brecha entre el ideal de la gratuidad y la práctica real de los centros, especialmente en el ámbito concertado. Esta situación pone en entredicho la equidad y accesibilidad del sistema educativo y se convierte en un obstáculo para que todas las familias puedan acceder a la misma calidad de educación sin importar sus ingresos. Como sociedad, debemos reflexionar sobre el impacto de estos copagos en la educación de nuestros hijos y la responsabilidad que tienen tanto los centros educativos como las autoridades para garantizar un sistema justo y accesible. La educación es un derecho fundamental que debe ser accesible a todos sin excepciones ni barreras económicas. 29 Puntúe este artículo: Sin puntuar Etiquetas: gratuidad educación asociaciones copago