EL COPAGO EN LA ESCUELA PÚBLICA

Sergio Jesús De la Fe Melián

Vicepresidente de FAPA Galdós de Gran Canaria y Representante del Sector de Familias de la Escuela Pública en el Consejo Escolar de Canarias.

Hemos interiorizado estos pagos desde que nuestros hijos e hijas entran en la guardería y cada curso se asumen como normales, pero no solo no es normal que tengamos que pagar algo para lo que ya pagamos impuestos. Es que no es legal.

La garantía constitucional de una educación básica obligatoria y gratuita cae en saco roto cada año cuando se nos exige a las familias aportar los materiales o mediante ingresos en cuenta para el desarrollo del plan educativo del centro.

La campaña NO ES NORMAL, NO ES LEGAL denuncia la imposición de copagos educativos al tiempo que reclama la verdadera GRATUIDAD de las enseñanzas que la normativa nacional y autonómica reconoce como básicas, obligatorias y gratuitas. Esa gratuidad es exigible a cualquier elemento que sea necesario para el desarrollo de la enseñanza, desde los libros de texto (o licencias digitales) hasta el material escolar, pasando por las actividades complementarias que son obligatorias y evaluables.

“Aunque de buena fe, se están haciendo cosas no permitidas”. Esta frase, cuya autora fue una consejera de Educación del Gobierno de Canarias, significó el primer reconocimiento oficial a esta realidad de la que está aquejada la escuela pública canaria. La campaña desarrollada por la Federación de AMPAS Galdós de Gran Canaria, había puesto sobre la mesa una ingente cantidad de pruebas, a la vista de todos y todas en las webs de los centros educativos, de estas exigencias, copagos para sufragar a la escuela pública, en forma de falsas tasas de matrícula cuyo justificante de ingreso es exigido para formalizarla, así como solicitudes de abono de elevadas cuantías para compras de material.

En caso de no solicitar dinero, o paralelamente a este, se exige a las familias la entrega a principio de curso de materiales tales como paquetes de folios, servilletas, papel higiénico, rotuladores de pizarra, botellas de jabón de manos, material deportivo y tantos otros materiales de los que deberían estar dotados los centros educativos públicos y para lo que deberían estar correctamente financiados, pues son necesarios para llevar a cabo su plan educativo, así como garantizar su funcionamiento como edificio administrativo.

Este tipo de ingresos no quedan reflejados en las presupuestos de funcionamiento de los centros educativos y, en el caso de reseñarse de alguna manera, se hace en el capítulo de ‘Otros ingresos’, sin desglosar, mucho más cuando se trata de material aportado, por lo que es difícil sacar una cuantía aproximada de lo que esto puede suponer, pero sí que es cierto a las claras que los centros educativos están infrafinanciados y acuden a las familias como víctimas necesarias para cubrir las carencias que no quedan cubiertas por la aportación de la consejería de Educación.

Lo que sí sabemos en Canarias, es que, gracias a este copago, la inversión educativa obligatoria por la Ley Canaria de Educación, establecida en un suelo del 5% del producto interior bruto, es ignorada de manera repetida desde que esta se aprobó en 2014, incluso se permiten el lujo de empezar a reducirlo respecto de los niveles de inversión anteriores. Las familias estamos aportando, y no de manera voluntaria, lo que falta.

Las familias estamos secuestradas frente a estos copagos, ya que, ante el temor de que nuestros hijos e hijas reciban una enseñanza de menor calidad, estamos dispuestos a pagar. Pero es que, además, los propios equipos directivos afean a su alumnado que sus progenitores no quieran aportar al centro educativo, como sí que hacen otras familias. Y las familias que lo han hecho, aun sabiendo que no es correcto, miran a los que defienden la legalidad como morosos que van a usar el material que ellas sí han aportado. En una última vertiente negativa, estos copagos, al estar fuera de los circuitos legales, quedan fuera de cualquier ayuda que puedan solicitar las familias para sufragarlos.

Debemos acabar con este círculo vicioso que no es legal ni normal y para ello tenemos varias herramientas a nuestro alcance:

• En primer lugar, conocer bien y difundir los derechos y deberes que nos otorgan las normas y leyes, empezando por el derecho constitucional a la gratuidad de la enseñanza y que debe permear en las legislaciones autonómicas educativas para garantizarlo.
• Exigiendo desde los centros educativos, a través de las comisiones económicas de los consejos escolares, un aumento en la financiación recibida si esta es insuficiente para desarrollar el Plan Educativo (PE) aprobado en el Programa General Anual (PGA) y para el mantenimiento y dotación de las instalaciones del centro educativo.
• Desde las asociaciones de madres y padres de alumnado, asesorando e informando a las familias asociadas de estos derechos y deberes, ya que toda vez que hemos pagado nuestros impuestos deben quedar cubiertas todas las necesidades educativas de sus hijos e hijas.
• Y desde las Federaciones y Confederaciones, alertando y denunciando ante las consejerías de Educación estas prácticas y exigiéndoles un adecuado nivel de financiación de los centros educativos para que estos puedan desarrollar con calidad y equidad sus planes educativos.

Queda aún mucho por hacer. Hay centros que han dejado de pedir estos copagos o tratan de moderarlos, añadiendo que son aportaciones voluntarias. Otros, sin embargo, han dejado de compartirlos en sus páginas web y los envían a los correos privados de contacto o en papel, a través del alumnado. Es un esfuerzo continuado de concienciación, tanto para las familias que llevan años aportando estos copagos por entenderlos normales, como por las familias de nuevo ingreso al sistema educativo, para que sepan desde el principio que no son legales.