Informe Discapacidad Motora - Escenario a futuro

viernes, 20 de diciembre de 2024

Ante la falta de una normativa clara, rigurosa y común a todos los centros de escolarización preferente de alumnado con discapacidad motora de la Comunidad de Madrid, los colegios e institutos viven situaciones que hacen su trabajo y por ende la educación de las y los menores un camino muy difícil de transitar. Esto es algo que las familias que viven esta realidad a diario saben de sobra. Con este documento se quiere compartir la experiencia con la comunidad educativa, con los colectivos que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad y con la sociedad en general, con la confianza de que si actuamos conjuntamente conseguiremos que las etapas de formación de menores y adolescentes sea igual de satisfactoria y fructífera para la totalidad.

Tras haber puesto negro sobre blanco los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas, queda patente y a la vista una serie de conclusiones que son la base de haber elaborado este documento: los recursos necesarios y contemplados en la escasa y ambigua normativa llegan a los centros, en la mayoría de las ocasiones, tras tener que ser reclamados de manera reiterada (comentarios adjuntos) y de manera muy desigual. Esto, sumado a otras vicisitudes no menores, como la accesibilidad en los espacios, hace que la etapa escolar de las niñas y los niños con discapacidad sea otra carrera de obstáculos más en su vida. En resumen, los tres aspectos fundamentales que reclaman la máxima atención y acción son los que tan bien conocen las familias directamente afectadas: accesibilidad, sensibilización y recursos.

Hay que explicar también que la denominación de centro preferente no se aplica con rigor en todas las zonas, ni parece significar lo mismo en todas partes. Solo hace falta consultar la red de centros preferentes publicada, con la descripción de los recursos correspondientes, y se puede ver que ni están todos los centros que prestan el servicio, ni todos los que están tienen los recursos descritos, e incluso hay en esa lista centros presentes en el listado que jamás han ejercido como tales en la realidad. Esto significa desprotección para las familias, porque no hay una información clara y rigurosa sobre las opciones de escolarización para sus hijas e hijos, ni sobre lo que finalmente van a recibir. Por esto debe reclamarse la revisión y actualización de la red, bajo el paraguas de una normativa uniforme y rigurosa.

También merece una reflexión el acceso a las experiencias educativas de las y los menores con discapacidad. Faltan recursos humanos (sobre todo técnicos III) que aseguren que pueden participar en igualdad de condiciones en las actividades que el centro programe. Siempre sin coacciones, ni condiciones, ni excusas. No es de recibo que una familia tenga que renunciar a un viaje de fin de curso o a una excursión porque no se haya organizado contando con todos, que un grupo de alumnos tenga que privarse de una actividad porque un compañero no pueda acceder a ella, ni que haya centros que directamente renuncian a las actividades complementarias por no disponer de los recursos para incluir a todo su alumnado.

En la normativa que debe generarse ha de incluirse, además de las necesarias dotaciones de recursos humanos, la formación y sensibilización de los profesionales docentes y no docentes, para que los claustros de los centros que trabajan con alumnado con discapacidad, y sus equipos directivos, cuenten con todas las herramientas necesarias para que su labor y la educación de su alumnado sea satisfactoria, inclusiva y ajustada a derecho.

Por último, no puede dejarse de reclamar, una y mil veces, la accesibilidad en todos los espacios de todos los centros educativos. Este asunto debería estar más que superado, al menos, porque aquí sí que hay normativa clara. Lamentablemente, sigue habiendo infinidad de centros con deficiencias claras y flagrantes en este aspecto. Las familias, y los centros, se preguntan hasta cuándo a tener que seguir peleando cada rampa, cada baño adaptado, cada patio accesible. Esto sí está regulado, y no se entiende por qué se sigue hablando de esto, pero se hará mientras continúe siendo necesario hacerlo.

Este informe pretende ser un nuevo punto de partida para que se establezca una colaboración real y eficaz entre las administraciones educativas, las entidades que trabajan con los colectivos de discapacidad y las familias, para que por fin la Comunidad de Madrid tenga una normativa clara y rigurosa, y esté dotada de medios para su aplicación que asegure la educación inclusiva real del alumnado con discapacidad motora.