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Informe Discapacidad Motora - Estrategia española sobre discapacidad 2022-2030

Informe Discapacidad Motora - Estrategia española sobre discapacidad 2022-2030
viernes, 20 de diciembre de 2024

Aprobada por el Consejo de Ministros el 3 de mayo de 2022, la Estrategia española sobre discapacidad 2022-2030[1], está recogida en un documento de sumo interés, editado por el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, vinculando esta publicación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Contiene un listado muy completo de referencias normativas y políticas, que merece ser tenido muy en cuenta.

En su contenido se destaca que, en el año 2020[2], las personas con discapacidad se encontraban en la siguiente situación:

  • El 36,16% experimentaban dificultades para el acceso y la movilidad en los edificios públicos o en el entorno urbano próximo a los mismos.
  • El 27,45% tenían un sentimiento de discriminación en la educación.

En su eje 1, dedicado a la inclusión social y participación, se proponen diversas líneas de actuación y medidas de ámbito estatal, dirigidas al ministerio de Educación y Formación Profesional, entre las que cabe destacar:

  • Desarrollo de la Disposición Adicional 4 de la LOMLOE para el desarrollo de un plan estatal de educación inclusiva[3] para asegurar el derecho a la educación del alumnado con discapacidad desde la presencia, el progreso, la participación y la convivencia en la comunidad educativa.”
  • Desarrollo de un programa de cooperación territorial con las Administraciones educativas de las CC. AA. sobre educación inclusiva del alumnado con discapacidad, con la dotación de recursos adecuados para que el alumnado con discapacidad pueda ejercer su derecho a la educación y se promuevan contextos educativos inclusivos para todo el alumnado.”
  • Dotación de recursos de apoyo y tecnológicos, en todas las etapas educativas (obligatorias o no), tanto en la educación presencial, como a distancia, así como para asegurar la accesibilidad universal (física, sensorial, comunicativa y cognitiva) en los centros educativos en los distintos niveles de enseñanza. También para el profesorado con discapacidad.”
  • Apoyo e impulso de actuaciones de toma de conciencia dirigidas al conjunto de la comunidad educativa en el conocimiento de la discapacidad desde el enfoque de derechos de la Convención, y en la cultura de la diversidad como factor de enriquecimiento social y humano.”

En cuanto a las recomendaciones dirigidas a las Comunidades Autónomas y a otras Administraciones locales:

  • Abordar el desarrollo normativo y actuaciones necesarias para asegurar las condiciones, actuaciones, medidas, dotación de recursos, apoyos y refuerzos educativos para la educación inclusiva en todas las etapas, incluidas las no obligatorias.”
  • Asegurar condiciones de accesibilidad universal (física, sensorial, comunicativa y cognitiva) en los centros educativos en los niveles educativos no universitarios.”
  • Desarrollar actuaciones (en el marco de sus competencias) para la formación continua del profesorado, orientadores/as y cuerpos de inspección (en todos los niveles de educación) en el enfoque de derechos, en la atención y adaptación a las necesidades educativas del alumnado con discapacidad, y en los conceptos de educación inclusiva, diseño universal de aprendizaje, así como en competencias digitales que incluyan el diseño y la accesibilidad universal, tanto en lo relativo al manejo de los soportes tecnológicos, como en la elaboración de materiales, la adopción de metodologías de enseñanza inclusivas y la incorporación de criterios y procedimientos de evaluación a distancia.”
  • “Desarrollar actuaciones de toma de conciencia dirigidas al conjunto de la comunidad educativa en el conocimiento de la discapacidad desde el enfoque de derechos de la Convención, y en la cultura de la diversidad como factor de enriquecimiento social y humano."

En el eje 4, objetivo 1, dedicado a aplicar la gestión transversal del diseño y la accesibilidad universal en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, se plantean unas líneas de actuación y medidas de ámbito estatal, dirigidas al ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, entre las que deben mencionarse:

  • Aprobación y despliegue de II Plan Nacional de Accesibilidad Universal. Prestar especial atención en las zonas rurales, sin perder de vista la accesibilidad con perspectiva de género y perspectiva de la infancia.”
  • Inclusión del diseño y de la accesibilidad universal, con sentido transversal, en el diseño y evaluación de las políticas públicas.”

De las recomendaciones dirigidas a las Comunidades Autónomas y a otras Administraciones locales, destacan la necesidad de “Elaborar y desarrollar estrategias o planes autonómicos o locales de accesibilidad universal.”

 

[2] INE. Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia

[3] El plazo es de diez años desde la promulgación de la LOMLOE, por tanto, finalizando éste en 2030.

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