La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS “FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS” considera que el adoctrinamiento debe desaparecer de los centros educativos y que la financiación pública se les debe retirar inmediatamente a este tipo de centros, cuya existencia debería ser objeto de una revisión inaplazable.

La FAPA Francisco Giner de los Ríos considera que circulares emitidas por centros educativos en las que se cuestionan abiertamente leyes vigentes o actuaciones legislativas con argumentos que atacan los Derechos Humanos deben someterse a un análisis que tiene muchas aristas a tener en cuenta, porque lo sucedido las tiene y debemos referirnos a ellas.

Debemos recordar que varios centros con proyectos educativos ultra religiosos se pusieron en marcha con la connivencia del Gobierno Autonómico anterior, muy interesado en la extensión de este tipo de centros educativos, buscando con ello garantizar la financiación pública a estos proyectos educativos, totalmente discutibles en una sociedad democrática avanzada.

Por un lado, la emisión de la circular que ha generado la polémica de los últimos días se ha defendido por sus responsables como derecho a la libertad de expresión de una entidad religiosa hacia aquellos que guardan relación directa con ella. Desde luego, la FAPA respeta y defiende el derecho a la libertad de expresión, así como el de la libertad religiosa. Por tanto, desde esta óptica, el de informar a sus adeptos, nuestra organización no tiene reproche alguno que realizar. En el fondo, si el Gobierno Autonómico se ha mostrado molesto con la circular no es porque una entidad religiosa se pronuncie en términos que puedan ser muy cuestionables, muchos se han producido sin que quienes nos gobiernan ahora o sus compañeros y compañeras de legislaturas anteriores se alarmaran, sino porque en esta ocasión se cuestionan directamente sus actuaciones legislativas. Es decir, su reacción es sólo por defender sus propios intereses como Gobierno, no los del alumnado y sus familias, o al menos no en primer lugar.

Por otro lado, las familias que han escolarizado a sus hijos e hijas en dicho centro lo han hecho voluntariamente y han aceptado, con fervor o con indiferencia pero han aceptado, su proyecto educativo y sus postulados religiosos. Por tanto, a ellas les corresponde decidir si el centro les ha remitido una circular que deben considerar excedida con relación al proyecto educativo confesional que el centro ofrece. Si juzgan que el centro no merece su confianza, tienen la posibilidad siempre de cambiar a sus hijos e hijas a otro, pero si ello no se produce aceptan con mayor o menor agrado la circular, pero la aceptan. Y sobre las decisiones individuales de las familias de este centro privado concertado religioso, la FAPA no tiene nada que añadir.

Pero la cuestión medular no es la salida extemporánea de un centro educativo religioso hacia una norma legislativa de la que se dota la sociedad civil, sino si su existencia como centro educativo es posible y si éste debe financiarse con dinero público en un Estado aconfesional.

En tanto que la Constitución Española siga diciendo lo que hasta la fecha establece, la libertad de enseñanza es un derecho recogido en su artículo 27, lo que significa que una persona o una entidad privada puede poner en marcha un centro educativo y que dicho centro podrá ofertar enseñanza que conduzca a una titulación si cumple con los requisitos establecidos para ello. Obviamente, para que pueda funcionar debe tener opción a recibir alumnado, lo que implica que los ciudadanos puedan renunciar a una plaza pública y optar por una privada. Lo que no dice la Constitución Española es que esa elección de las familias lleve consigo la obligación de financiar a la enseñanza privada. Al contrario, el Tribunal Constitucional, en sentencia emitida el 10 de julio de 1985, estableció que “siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales

No obstante lo anterior, el legislador estableció ya hace muchos años el sistema de conciertos, el cual, sin entrar ahora sobre su necesidad y oportunidad en la actualidad, permite que un centro privado pueda acceder a la financiación pública siempre que cumpla con unos requisitos concretos. Uno de estos requisitos, como sentenciaron los Tribunales y la LOMCE intenta evitar, es que no se separen los alumnos y las alumnas en distintas clases. El centro que emite la circular funciona de esa manera y, además y entre otras cosas, no garantiza la gratuidad de la educación que allí se realiza, por lo que, al incumplir el sistema de conciertos, debería perder el concierto de forma inmediata.

Pero, siendo importante el tema del concierto, porque ello le permite hacer negocio y recibir a la vez dinero público para que no lo haga, la parte más importante es si debería seguir abierto o no por más tiempo. Si tenemos en cuenta que el mencionado artículo 27 de la Constitución Española dice en su apartado 2 que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.”, y en su apartado 6 que “Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.”, debemos concluir que un centro que no respete los principios constitucionales y eduque en el respeto a los mismos y a los derechos y libertades, no puede estar abierto y ser considerado educativo, así como mucho menos puede recibir dinero público para que ello sea posible.

En opinión de la FAPA, con la circular emitida se ha vulnerado el respeto obligado por mandato constitucional y se intenta educar con ella, por eso se emite, en dicha falta de respeto. Por lo anterior, la FAPA solicita a la Consejería de Educación que retire de forma inmediata el concierto al centro denominado Juan Pablo II y sito en Alcorcón, así como realice las actuaciones oportunas para garantizar que lo sucedido no vuelva a ocurrir bajo apercibimiento de tramitar su cierre si el comportamiento se repitiera, además de obligar al centro a que asuma los principios democráticos en todos sus actos.

Madrid, 3 de octubre de 2016


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